ANTECEDENTES DEL SISTEMA MONETARIO DE LA PESETA

3. EL REINADO DE ISABEL II

3.1. Los primeros años

La última emisión de Fernando VII supone en cierta medida un enlace con las primeras emisiones monetarias de su hija, quien accede al poder apoyada por los liberales. Las piezas de oro y plata se sumarán a la moder­nidad y utilizarán como única moneda de cuenta el real de vellón. Esta será la única novedad hasta la trascendental reforma de 1848. Se adopta definiti­vamente la reforma propuesta por José I, si bien se renuncia a acuñar las piezas mayores de oro, las de 320 y 160 reales de vellón, ante la dificultad de abastecimiento que encontraban las cecas. El doblón de 80 reales, la anti­gua pieza de dos escudos, pasó a ser la moneda de mayor valor en circula­ción, reducción que escenifica la crisis económica y monetaria que se vivía en estos años. La falta de medios de pago para las grandes sumas propició los intentos de imponer el dinero de papel que cada vez era más necesario. De hecho, una real orden de 3 de junio de 1833 había autorizado al Banco Español de San Fernando a duplicar el importe de billetes en circulación, limitándolo a 12 millones de reales, cifra que ni mucho menos cubrió ni ese año ni los siguientes (Enciclopedia de billetes de España, 2006: 133-134). 

En estos años de nuevo es necesario afrontar la cuestión de la circula­ción de la moneda extranjera y una vez más son las circunstancias políticas y militares las que determinan la actuación de los gobernantes españoles. El 22 de abril de 1834 España entra en la Cuádruple Alianza formada con Francia, Inglaterra y Portugal, quienes intentaban oponerse a la nueva Santa Alianza que el canciller austriaco Metternich había impulsado por la Con­vención de Münchengrätz. Eso determinó la llegada de tropas extranjeras (portuguesas, francesas e inglesas) a España en apoyo del bando isabelino frente a los carlistas. Por ello, y para facilitar la financiación de estos ejérci­tos, el gobierno admitió la presencia del numerario de los países aliados, dando unas tarifas de equivalencias con las monedas españolas. La inten­sidad de circulación de moneda extranjera llegó al extremo de que en 1842 se estimaba que la mitad del dinero que corría en España era extranjero y algo más de la mitad de la plata amonedada (SARDÁ, 1998: 99). Probable­mente tan alta presencia de moneda foránea permitió la existencia de los medios de pago necesarios, dado el inmovilismo en la política monetaria, que no conseguía atraer metal a las cecas españolas. La situación constituía un problema desde el punto de vista ideológico y político, pero también des­de el económico pues la moneda circulante en España quedaba demasiado sujeta a los avatares de las políticas monetarias extranjeras.

Grave problema político, pero también monetario, fue el carlista. La guerra civil iniciada por la no aceptación por parte de Don Carlos de la su­cesión en la persona de su sobrina, Isabel II, supone el uso de la moneda como arma propagandística y financiera. Obviamente, la cuestión bélica im­pidió efectuar una reforma en mayor profundidad del sistema monetario. La guerra marcó la prioridad en los esfuerzos de los gobernantes. Su fin posibi­litó que se fueran dando los primeros pasos hacia una reforma de mayor em­paque que definiese un nuevo sistema monetario.

También fue la guerra la causante de la emisión de nuevas piezas deno­minadas pesetas. Tuvieron lugar de nuevo en Barcelona en 1836 y 1837. Fueron batidas con carácter de urgencia por los partidarios de Isabel II para pagar a las tropas. Los que recibieron este numerario fueron denominados peseteros. Se fabricó moneda de plata en piezas de peseta y cobre en 6 y 3 cuartos.

Pueden ser consultadas en FRANCISCO OLMOS (2001: 126-127). ¹⁸ La excepción es Barcelona, donde, después de su reapertura en 1836, se elevaron las tarifas pagadas por la plata y se rebajaron los descuentos de acuñación. Los efec­tos beneficiosos no tardaron en dejarse sentir y entre 1837 y 1846 hubo un sensible aumento de los trabajos en Barcelona, que llegaron a representar alrededor del 50% de lo acuñado en las casas españolas en estos años (SARDÁ, 1998: 81).

Don Carlos, haciendo uso del ius monetae, emitió moneda a su nombre, tratando de propagar y difundir su legitimidad al trono y, al mismo tiempo, para facilitar la financiación de sus tropas y regular el comercio de las zonas controladas por sus armas. Se trató fundamentalmente de series de cobre y medallas de plata con metrología monetaria y uso como tal. Incluso una vez finalizada oficialmente la guerra en 1839, después del Abrazo de Vergara, la Junta de Berga, órgano de gobierno de la resistencia carlista en los Pirineos, ordenó en 1840 la emisión de monedas de 1 y ½ peseta en plata.

3.2. La reforma de 1848: el real

 Los problemas monetarios se habían ido incrementando con el paso de los años. España mantenía un sistema monetario prácticamente igual al de época colonial, pero la situación en el segundo cuarto del siglo XIX era muy distinta, porque se habían perdido la mayor parte de las colonias y con ellas la llegada de grandes cantidades de plata. Además el panorama del mercado de metales se había modificado con el descubrimiento de nuevas e importantes vetas aurífe­ras en California y Australia. Eso motivó que el precio internacional del oro bajara y, en proporción, subiera el de la plata, realidad sentida de manera espe­cial después de 1850. 

A partir de 1838 se formaron diversas comisiones que tenían la misión de analizar los problemas monetarios y buscar la mejor solución a ellos, si bien ya antes se había presentado algún proyecto reformista, como fue el del Conde de Toreno, en 1834. El diagnóstico fue la escasez de acuñaciones propias y la pre­sencia excesivamente abundante de moneda francesa, que hacía depender de­masiado la economía española de las vicisitudes del país vecino. Se fomentó la explotación de yacimientos de plata españoles, entre los que destacó el de Hiendelaencina, en Guadalajara, que suministró buena parte de la materia pri­ma utilizada en las acuñaciones de plata isabelinas de estos años (CARROBLES SANTOS, 2000: 125). Pese a los esfuerzos, en 1845 era evidente la imposibi­lidad de mantener un ritmo constante de acuñaciones y, de hecho, a partir de ese año hay un alarmante descenso. Además el precio de la plata en el mer­cado internacional era creciente y eso agravó la situación porque ahora tam­bién afectó a la plata extranjera, que comenzó a huir del mercado español y se convirtió en objeto de especulación.

Los proyectos de reforma monetaria se suceden desde 1845. Algunos de los principales economistas del momento presentaron proyectos que pretendían la creación de una moneda española de plata capaz de mantenerse en la circula­ción sin ser desplazada por las piezas francesas; fue el caso de Alejandro Mon, José Peña Aguado, Ramón Santillán o José de Salamanca. El denominador común de todos ellos fue proponer la devaluación monetaria. Fue el del mar­qués de Salamanca el que recibió los apoyos suficientes para ser puesto en vi­gor durante algún tiempo, por decreto de 31 de mayo de 1847. Su idea era im­plantar el sistema decimal en la ordenación monetaria, al igual que se había hecho en el resto de pesas y medidas. Se decidió rebajar el peso de la moneda de plata y oro, y se reajustó la relación de los valores del oro y la plata al valor de Francia, con el fin de evitar la extración de moneda y la importación del numerario francés. Se preveía una unidad de plata, el real, con múltiplos hasta 20 reales, una pieza de 100 reales en oro, el famoso centén, y divisores de 5, 2 y 1/2 décima en cobre. Junto a ello se decició decimalizar el sistema; la unidad legal de peso para los tres metales y contabilidad de las casas de moneda sería el kilogramo. El proyecto encontró una fuerte oposición por la devaluación im­puesta a la moneda española; la caída del gabinete de García Goyena supuso la salida de Salamanca del gobierno y con él el fin de su proyecto, cuya ejecución se suspendió por decreto de 6 de octubre de 1847. Se trata del primer intento serio de implantar el patrón decimal en el sistema monetario español. Lo efíme­ro del decreto de Salamanca no le puede privar del honor de haber iniciado el camino de la conversión del sistema monetario español que desembocaría en la creación de la Peseta.

Sin embargo, un hecho fortuito ayudó a los reformistas. Fue el descubri­miento de nuevas minas de oro en California y Australia, que elevó el valor de la plata y agravó el problema monetario. La reforma era imperativa, pues la co­tización de la plata en pasta ya superaba el nominal que adquiría una vez amo­nedada; la moneda argéntea española continuaba siendo extraída, pero la fran­cesa ya no entraba para sustituirla, pues también en el país vecino, como consecuencia del incremento del precio de la plata, empezaron a existir pro­blemas de fluidez en la circulación de las piezas argénteas. Tuvo lugar durante el gobierno de Narváez, siendo ministro de Hacienda Manuel Beltrán de Lis. El decreto de 15 de abril de 1848¹⁹ estableció como unidad del sistema el real, de­finido como moneda de plata, con ley de 900 milésimas; su peso se rebajó para equipararlo con la moneda francesa. La relación de valor entre el oro y la plata fue de 1:15,77, frente a la tradicional relación española de 1:16, con lo cual se favorecía al metal blanco y se aproximaba a las ratios francesa e inglesa. Las monedas a acuñar eran las siguientes:

Se pretendía aumentar la masa monetaria en circulación, por lo cual se re­dujo el componente argénteo, con el objetivo de evitar su fuga hacia otros mer­cados, al tiempo que se buscaba eliminar el numerario francés en circulación. Además, se rebajaron los derechos de acuñación. 

Las medidas no consiguieron detener la exportación de moneda, dado que si antes se hacía porque era de mayor fino que la francesa, ahora era porque la plata había subido de valor y valía más de lo que se había establecido en su re­lación con el oro. Fue un problema que afectó a todos los países de sistema bi­metalista. Además, tenemos algunos datos de que la introducción y circulación de piezas extranjeras no finalizó; así parece indicarlo la preocupación existente por el aviso del gobierno francés de la existencia de numerosas piezas falsas de 5 francos correspondientes al año 1847²⁰, un proyecto de decreto de 7 de enero de 1851, en el que textualmente se afirma que “no solo circula la moneda fran­cesa, sino que es la que más abunda en el mercado, extrayéndose la nacio­nal”.

El nuevo sistema era decimal al equivaler un real a 10 décimas, pero solo se aplicó a los valores y leyes de metales, no al peso, puesto que para esto se mantuvo la vieja unidad del marco. El objetivo era facilitar los cálculos para la contabilidad y el cambio. Para potenciar la afluencia de metal a las cecas se re­dujo el braceaje al mínimo. Esta reforma supone el fin del viejo sistema del maravedí, que había sido la base del sistema monetario español desde que Al­fonso VIII de Castilla lo incorporó como moneda de oro. Las monedas antiguas no se desmonetizaron, continuaron en circulación, para lo cual se publicaron unas tablas de equivalencias.

La monetaria era una cuestión de honda preocupación en los gobiernos de entonces. Eso llevó a la creación de una Junta Consultiva de Moneda²². Fue una reforma que impuso el primer sistema monetario moderno en España, afirmándolo sobre bases racionales y nacionales, pero que, sin embargo, llegó tarde y, además, en su contra jugó el incremento del precio de la plata en el mercado, motivada por los antedichos descubrimientos mineros y la fuerte de­manda de metal argénteo derivada de la activación del comercio con Asia, zona que requería grandes cantidades de metal blanco. El gobierno británico había comenzado en 1849 la construcción del ferrocarril a gran escala en la India y necesitaba una gran cantidad de dinero; allí la moneda oficial era la rupia de plata; la enorme demanda motivó que la plata recibiera mucho mejor precio en Asia que en Europa. 

El Estado no fue capaz de conseguir una circulación abundante de plata y siguió siendo exportada, sin conseguir la reforma los objetivos que pretendía. Contribuyó a ello la crisis de confianza que se extendió por toda Europa y la tormentosa situación política y financiera en España; eso llevó a que la gente retirase sus depósitos de moneda metálica del Banco de San Fernando, numera­rio que fue siendo atesorado. No sirve de consuelo que dicho crecimiento de la plata provocase problemas en todas las economías bimetalistas de Europa, donde el oro reemplazó a la plata como moneda de uso común. La plata, como tantas veces en la historia monetaria hispana, resultó infravalorada, los males del bimetalismo se mantuvieron. Durante unos años creció la emisión y circu­lación de moneda de oro, gracias al reajuste del valor de este metal en 1850, minusvalorando la plata en relación con su cotización en Europa, y al mayor nivel de inversiones extranjeras. Sirva para hacernos una idea el dato de que a finales de 1850 circulaban 977 millones de reales, de los cuales 800 correspon­dían a monedas de oro, 107 a billetes y solo 70 a piezas de plata (VOLTES, 2001: 114). Sin embargo, esto duró muy poco, seguramente como consecuen­cia de los cambios políticos que tuvieron lugar en diversos estados europeos en 1848 y de los que de manera directa dependía nuestra economía. De hecho, el 7 de enero de 1851 el gobierno de Narváez suspendió la emisión de oro, ante el temor de una mayor caída en el precio del metal amarillo que arrastrara a la ba­ja el precio de las cosas y provocara una recesión en la economía. Hubo esta­dos, como Holanda, que llegaron a suspender el valor monetario del oro y esta­blecieron un monometalismo de la plata (MARTORELL, 2001: 33). La medida parecía implicar que las autoridades españolas admitían precisamente la posibi­lidad de implantar un patrón único de plata, lo cual evidentemente estaba con­denado al fracaso por el incremento en el precio de este metal y por no ser Es­paña un país exportador, realidad que impedía conseguir el metal suficiente para lo que se necesitaba; lo único que se consiguió fue agravar la aguda esca­sez de numerario.

El sistema de 1848 fue incapaz de adaptarse a las cambiantes circunstan­cias del momento. Su fracaso marca el inicio de un nuevo período de estudios y vacilaciones en la política a aplicar que condujeron a un reajuste en 1854, con la disminución del peso de la moneda de plata, para hacer frente a la subida del valor del metal en el mercado y evitar así su exportación, y la reanudación de la emisión de oro el 3 de febrero de 1854, previa variación de la relación entre ambos metales preciosos, teniendo siempre como modelo la moneda france­sa.

Además la unidad en cobre se dividió en centésimas partes²⁴. Se abre un período en el que de nuevo los proyectos de reforma son numerosos, sin encon­trar la unanimidad necesaria. El incremento del precio de la plata fue incesante en los mercados mundiales hasta 1859, lo que hizo imposible detener su expor­tación; eso llevó a la decisión de emitir en oro, por real decreto de 31 de enero de 1861, piezas de 40 y 20 reales, con la intención de ofrecer al mercado una moneda más estable, que cubriera las transacciones medias, ocupando un valor que tradicionalmente había sido de plata. De hecho, las emisiones de moneda de plata descienden de manera muy acusada a partir de 1859 (VOLTES, 2001: 111-112). Tantos esfuerzos fueron inútiles y parece que 1857 fue el punto cul­minante en la evasión de plata.

3.3. La reforma de 1864: el escudo

Las reformas anteriores no habían sido capaces de resolver el grave pro­blema de la escasez de moneda de plata, imprescindible para los pagos peque­ños. El gobierno recabó numerosos informes en los que se contrastaron los pa­receres de los partidarios de defender el bimetalismo, con los que abogaban por la implantación de un patrón plata y los que se inclinaban por una solución ba­sada en el monometalismo del oro. Siguiendo las recomendaciones oficiales realizadas por la Dirección General de Consumos, Casas de Moneda y Minas, se aplicó la siguiente reforma del sistema en 1864, siendo Pedro de Salaverría ministro de Hacienda del gabinete de Alejandro Mon. La nueva unidad del sis­tema fue el escudo, equivalente a 10 reales, con ley de 900 milésimas. Lo más novedoso, siguiendo una vez más las doctrinas europeas, fue que las monedas menores, la peseta y el real, se convirtieron en moneda divisionaria de ley infe­rior. Como monedas de oro dispuso la acuñación de los 10 escudos (doblón de Isabel) y 2 escudos, con 900 milésimas de ley. En plata, con plena capacidad liberatoria, el escudo y el duro (2 escudos), con ley de 900 milésimas. Moneda de plata divisionaria fue la peseta (40 céntimos de escudo), la media peseta y el real, con ley de 810 milésimas, pureza inferior incluso a la de los circulantes francés e italiano (835 milésimas). El curso forzoso de estas monedas divisio­narias, como también del bronce, quedaba limitado a 10 escudos. Se dispuso la acuñación de monedas de liga de bronce, estaño y cinc con valores de medio real, cuarto de real, décimo y medio décimo de real. Se creó un numerario de curso interior con funciones meramente complementarias. La acuñación de moneda divisionaria de baja ley tenía el objetivo fundamental de defender su circulación.

Ahora sí se adoptó el patrón decimal en lo referente a los pesos, abando­nando el tradicional sistema de marco y granos (esto se había impuesto desde 1858, cuando una instrucción del gobierno enviada a las cecas ordenó la instau­ración del kilogramo y sus fracciones como unidad de peso para el trabajo de los metales). Con esta reforma y bajada del dinero divisionario de plata se tra­taba de luchar contra el incremento del precio de este metal y las dificultades existentes para que circulara en el mercado español; se pretendía detener la sangría de monedas esenciales para garantizar los intercambios comerciales, eliminando la rentabilidad de su exportación. Eran dificultades existentes en toda Europa y de las que se había salvado Inglaterra por su monometalismo del oro. La relación entre el oro y la plata se fijó en términos similares a los exis­tentes en Francia.

 

Fue una reforma valiente dentro de una concepción moderna de las políti­cas monetarias que empezaban a abandonar los criterios puramente metalistas para aproximarse a los nominalistas, en la línea de lo que ya habían hecho otros estados europeos. Intentó aproximar la realidad de la moneda española a la que presentaba el sistema francés, con el que nuestra economía se estaba ligando por la conjunción de diferentes tipos de intereses. Se complementó con la nece­saria medida de suprimir definitivamente los derechos de fabricación para las grandes piezas de oro y plata, con el fin de propiciar la afluencia de metales a los talleres monetarios y poder fomentar las labores de acuñación al pagar un precio mejor a los particulares que llevaran su metal a las cecas, para así sol­ventar el crónico problema de falta de moneda que había afectado a práctica­mente todo el siglo XIX; supresión de derechos que sería sufragada con la ley rebajada de las monedas pequeñas de plata.

Las intenciones fueron buenas, y de hecho se consiguió hacer crecer poco a poco la amonedación de plata, y aunque hasta el final de la década de los 60 prosiguió su exportación a Oriente, la abundancia de oro neutralizó en parte los efectos de esta huida. Sin embargo, los problemas eran muchos. Entre ellos los de conversión  de monedas, variabilidad del precio de los metales en el merca­do y el caos en que se había convertido el sistema monetario español resultado de tantas y tan seguidas reformas. Todo eso dio al traste con la reforma, en es­pera del cambio definitivo que se iba haciendo más necesario que nunca. Ten­gamos en cuenta que desde la pragmática de 23 de agosto de 1772 hasta la ley de junio de 1864 se habían sucedido en España siete sistemas monetarios dife­rentes, por lo que se encontraban en circulación nada menos que 97 clases de monedas distintas, según se reconoció en una orden del Ministerio de Hacienda de 23 de marzo de 1869. Los sucesivos intentos de reforma habían pretendido mejorar la situación, pero no solo no lo habían conseguido, sino que, en cierta medida, la empeoraron, al añadir nuevas piezas y denominaciones al sistema monetario español, aumentando con ello la confusión y la complicación de los intercambios y equivalencias, dado que en ningún momento se retiraron de la circulación las especies anteriores. Fernández Villaverde llegó a decir que en 1868 España poseía la circulación monetaria más heterogénea y confusa de Eu­ropa (MARTORELL, 2001: 34). Eso explica el comentario realizado con cierta sorna por el político Vicente Ortí y Brull, cuando en 1893 afirmó que “los sen­cillos y fáciles cargos de cajero y cobrador” eran “una especie de ciencia ocul­ta que muy pocos conocían y que no podía adquirirse sino después de largos años de experiencia y práctica en el mostrador”; la circulación monetaria es­pañola era una de las más heterogéneas y degeneradas de Europa (MARTORELL, 2001: 15).

Era necesaria una reforma en profundidad, una reforma radical, que no se limitase a remiendos, sino que actuase con contundencia. Una reforma que eli­minase todas las antiguas denominaciones y acuñase una nueva que estuviese en consonancia con las más pujantes divisas europeas, en especial con el franco francés que desde 1865 estaba aglutinando a diversos países en torno a su área de influencia, ofreciendo un modelo de unidad monetaria con la llamada Unión Monetaria Latina, creada en 1865, con la intención de que Francia liderase un bloque monetario, basado en el bimetalismo, que fuese capaz de enfrentarse en igualdad de condiciones con el patrón oro inglés en la búsqueda de un sistema monetario internacional, anhelo muy sentido en la Europa de aquellos años.

Así pues, a lo largo de los tres primeros tercios del siglo XIX observamos como la moneda española fue acumulando diversas reformas que la habían de conducir del sistema monetario tradicionalista, en buena medida amparado en el tráfico colonial, a uno mucho más ligado a los aires y las influencias euro­peas. Fue un período de intensa politización de la vida pública, la moneda no escapó a ello, resultando notablemente afectada, según afirmó Sanromá deplo­rando la politización que había adquirido el debate monetario: “el duro es abso­lutista, el real moderado, el escudo unionista y radical la peseta. Sobre ser esto ridículo, nada hay más peligroso” (SANROMÁ, 1872: 55).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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