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1. LAS CONVULSIONES DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

La invasión francesa de España en 1808 tiene una repercusión notable en la evolución de la moneda española. Desde el punto de vista del sistema monetario, el nuevo rey francés, José I, no acomete una reforma demasiado profunda que trate de adecuar el sistema monetario español al francés, según se había realizado en otros estados europeos invadidos por Napoleón. Sí po­ne en práctica algunas modificaciones, que convivirán con la emisión de monedas de sistema tradicional por parte de los fieles a Fernando VII.

En efecto, el primer hecho a constatar es que la producción de moneda se divide, con autoridades emisoras diferentes, con todo lo que ello supone para la estabilidad monetaria. Por supuesto, cada uno de los gobiernos en­frentados prohibió la moneda del otro. Añadamos a ello la profusa circula­ción de moneda extranjera existente en estos años, favorecida por la política de ambos gobiernos, que admitieron y aceptaron las emisiones de sus alia­dos militares. 

Las cecas españolas, Madrid y Sevilla, pronto comenzarán a emitir mo­neda a nombre de José Bonaparte. Son piezas que metrológicamente se en­cuadran perfectamente en el sistema monetario español, sin alterarlo en lo esencial. La única novedad reside en la unidad de cuenta. Es un cambio im­portante. Frente a lo común en siglos anteriores de mantener las unidades de cuenta propias de los tres metales, el escudo para el oro, el real para la plata y el real de vellón o el maravedí para el cobre, José I impone la costumbre francesa de una única unidad de cuenta para las piezas de oro y plata, facili­tando así su manejo y el establecimiento de equivalencias. A diferencia de los viejos sistemas monetarios europeos, que exigían difíciles y complejas equivalencias entre las monedas de diferentes metales, la Francia revolucio­naria había aplicado la adopción del sistema decimal, como muestra del ra­cionalismo y de la lógica del nuevo estado. La reforma de la moneda france­sa, que tuvo lugar entre 1793 y 1803, supuso la creación del franco y la imposición de dicha unidad en los tres metales. El franco quedó definido en términos de plata, pero tanto sus múltiplos en oro, como sus divisores en co­bre, fueron denominados en función de tal unidad, es decir el franco y la pieza de 5 francos se emitieron en plata, los 20 y 40 francos en oro y los di­visores, décimas de franco, en cobre.

 La unidad de cuenta escogida en España fue el real de vellón, que había nacido oficialmente en época de Carlos II. Esto se introdujo merced a la real orden de 18 de abril de 1809, de acuerdo a las siguientes equivalencias:

 

METAL VALOR NOMBRE PESO (gramos) LEY (milesimas)
Oro 320 reales Onza-doblon de a 8 27,06  
Oro 160 reales Media onza 13,53  
Oro 80 reales Doblon-2escudos 6,76 875
Plata 20 reales Duro 27,06 902,7
Plata 10 reales Medio duro 13,53 902,7
Plata 4 reales Peseta 5,97 812,5
Plata 2 reales Media peseta 2,98 812,5
Plata 1 real Real 1,49 812,5
Cobre 8 maravedis 2 cuartos 12,1  
Cobre 4 maravedis Cuarto 6,05  
Cobre 2 maravedis Ochavo 3,025  

 

Se trata de un cambio importante, pues por primera vez la moneda es­pañola utilizaba una única unidad de cuenta para los tres metales, realidad que se irá afirmando a lo largo del siglo XIX. Sin embargo y pese a todo, la política de José I mantuvo el sistema monetario heredado. La novedad que­dó reducida al empleo de dicha única unidad de cuenta y en ningún momen­to se produjo la decimalización del sistema, a diferencia de lo que había su­cedido en otros países sometidos por Napoleón, donde se impusieron sistemas idénticos al basado en el franco de Germinal. La razón quizá estuvo en el prestigio que aún mantenía el viejo sistema español, todavía el más in­ternacional y aceptado en todo el mundo. La fuerte tradición monetaria his­pana hizo que las autoridades prefiriesen mantener el sistema con un peque­ño lavado de cara que lo modernizase y lo fuese haciendo compatible con las nuevas realidades que estaban triunfando en otros puntos de Europa (CARROBLES SANTOS: 2000: 120).

Junto a esta modificación, es de destacar otro hecho de la política mone­taria josefina. Se trata de la permisión legal de la libre circulación de la mo­neda francesa, hecho lógico, por cuanto facilitaba enormemente el pago a su ejército y favorecía la unidad comercial entre los estados francés y español. Después de un decreto inicial promulgado en época del gobierno de Murat, en cuanto Lugarteniente del Reino, el 5 de septiembre de 1808 se fijaron las equivalencias entre la moneda francesa y la española; en ellas se benefició a la moneda francesa sobrevalorándola, seguramente con la intención de favo­recer su aceptación. Evidentemente esto daba curso legal a la moneda fran­cesa en España, y así se afirmó en el artículo I de la real cédula: “La moneda francesa deberá admitirse por ahora y circular hasta nueva declaración nuestra en todos nuestros reinos y señoríos y nadie podrá rehusarla en nin­gún trato, ajuste o venta”. Esto, de hecho, fomentó un grave problema ya sentido por la economía española durante toda la edad Moderna, la salida de moneda de metal precioso hacia el extranjero, pues con un real de a ocho se podía fabricar más de un napoleón, cuando ambas piezas habían quedado nominalmente equiparadas; sirva para hacernos una idea que la pieza de 5 francos pesaba 25 grs. por los algo más de 27 de los 20 reales hispanos. Los duros emigraron a Francia para volver convertidos en napoleones, a pesar de la prohibición de extracción reiterada por José I el 13 de septiembre de 18093. Muy bien lo describió Vicente Ortí y Brull a finales de siglo, los du­ros españoles “eran exportados y refundidos en Francia, volviendo trans­formados en napoleones, con un beneficio anual del 30 y del 40% para el que hacía esta operación” (MARTORELL, 2001: 26). Con esta tesitura se en­tiende perfectamente el sempiterno problema que durante la mayor parte del XIX sufre la moneda española, que huirá del mercado nacional encaminán­dose a otros más lucrativos para sus usuarios.

 Un hecho monetario a destacar del gobierno francés son las emisiones que tuvieron lugar en Barcelona a partir de 1808, ante el aislamiento de la ciudad después de la ofensiva militar española en la primavera verano de ese año y la necesidad de contar con moneda para evitar el colapso de las tran­sacciones comerciales. La ceca de la ciudad se reabrió para batir piezas de oro, plata y, especialmente, cobre. En ellas se aplicó el modelo francés de única unidad de cuenta, si bien se escogió una nomenclatura hispana, de fuerte arraigo en Cataluña, para ella. Fueron las primeras monedas de la his­toria que portaron el nombre PESETA inscrito en sus estampas. Se adoptó el nombre que había triunfado desde el siglo XVIII para referirse a los reales de a dos, pieza que en módulo, peso y ley era bastante parecida al franco francés. Se emitieron valores de 1, 2 ½ y 5 pesetas en plata, 20 pesetas en oro y 4 y 2 cuartos, 1 cuarto y ½ cuarto en cobre, a instancias de la Junta General que presidía el capitán general, José de Ezpeleta, sometido a las tropas francesas comandadas por el general Duhesme. Desde el punto de vista metrológico se adecuaron al sistema español, por cuanto las piezas de 5 pesetas se hicieron del peso y tamaño de las de 8 reales o 20 reales de ve­llón. De acuerdo a eso la pieza de Peseta tenía valor de 4 reales de vellón, origen de la equivalencia que la futura unidad monetaria nacional tendrá de manera oficial en 1868 y que se irá perfilando a lo largo de las sucesivas re­formas del siglo XIX. 

Uno de los grandes problemas monetarios del período fue la división y disgregación monetaria que afectó al Reino. Después de la articulación del gobierno de España por parte de los fernandinos, a través de la Junta Central Suprema, que desembocó en una Regencia y en la convocatoria de las Cor­tes Generales que habrían de celebrarse en Cádiz, el nuevo gobierno emitió moneda de acuerdo a los patrones y sistemas tradicionales hispanos. Lo hizo desde la ceca de Sevilla, único de los grandes talleres que al inicio del en­frentamiento quedó fuera de la influencia francesa, cuyas emisiones pronto fueron complementadas y sustituidas por otras realizadas en talleres como Cádiz o diversas ciudades (Gerona, Lérida y Tarragona), donde las juntas locales dispusieron la emisión de piezas de 5 pesetas con la plata obtenida de la fundición de objetos litúrgicos y donaciones particulares. En Cataluña, la Junta Suprema de Defensa creó una casa de moneda que se instaló en Reus, en 1809, para después, ante el avance francés, ubicarse en Tarragona y en Palma de Mallorca .

Los resultados de estas labores fueron limitados y desiguales, ante las di­ficultades en el abastecimiento de metales preciosos (SARDÁ, 1998: 29-30). Se pretendía con ellas atender a las necesidades económicas del conflicto bélico, dado que las ciudades citadas quedaron aisladas y requerían moneda para preservar la actividad comercial, así como para reafirmar la figura del rey Fernando, erigido en símbolo de la resistencia frente al invasor francés. En Sevilla y Cádiz lógicamente se rechazaron, al igual que sucedió en buena parte de Europa, las reformas monetarias francesas, dado que la decimaliza­

 La ceca de Cádiz se creó en noviembre de 1809 con la maquinaria procedente de la de Sevilla, que fue desmantelada.

ción del sistema y la racionalidad de una única unidad de cuenta se habían convertido en un tema político y su presencia en una comunidad era muestra evidente de su vinculación política con la causa francesa. Significó una gue­rra monetaria que acompañó a la que tenía lugar en el campo de batalla, pues el 4 de abril de 1811 se declaró ilegal, y por tanto falsa, la moneda emi­tida por José I, calificado como rey intruso. Se dispuso que todos los que tuviesen dicha moneda la entregasen en la casa de la moneda gaditana donde sería convertida en pasta, tomándola de acuerdo a su valor como metal. Obviamente también la moneda francesa fue prohibida, debiendo ser cam­biada en los mismos términos anteriores, es decir de acuerdo a su valor co­mo metal8. Sin embargo, ambas decisiones, coherentes desde el punto de vista político y propagandístico, dado que prohibir y declarar falsa e ilegal la moneda de José I suponía tanto como negarle su legitimidad como rey, su­cumbieron ante las realidades económicas y monetarias. La Regencia, ya en 1813, hubo de aceptar la circulación tanto de la moneda francesa, de acuer­do al arancel promulgado por José I en 1808, como la emitida por este en suelo hispano de acuerdo a su valor facial, dado que tenían la misma ley y talla que las tradicionales (FRANCISCO OLMOS, 2001: 119). Esta aceptación, sin duda, se vio favorecida por el hecho de que la guerra ya estaba práctica­mente finalizada en el plano militar, con lo cual la concesión ideológica que significaba la aceptación de una moneda emitida por el rey intruso perdía valor en el plano de la propaganda.

Este panorama monetario se complicó aún más con la circulación de moneda inglesa, lógica dada la presencia del ejército de Wellington en suelo peninsular. Las Cortes autorizaron la utilización de las guineas británicas en 1813, que serían cambiadas de acuerdo a su valor intrínseco (FRANCISCO OLMOS, 2001: 119), con la previsión de irlas retirando de la circulación en el plazo de un año, entregando a cambio su valor en moneda española. Tam­bién la moneda portuguesa, el cruzado, tuvo una notoria presencia, admitida legalmente, si bien por poco tiempo, por decreto de 15 de agosto de 1801 (SARDÁ, 1998: 30-31), y posteriormente estimada de acuerdo a su contenido metálico, a partir del 14 de agosto de 1814. 

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